Condenado por torturar a sus animales domésticos a palos y con insecticidas

Ocho meses de prisión y prohibición de tener animales por un grave caso de maltrato en Riós
Foto: laregion.es

Ocho meses de prisión y prohibición de tener animales por un grave caso de maltrato en Riós

Un juzgado de lo Penal de Ourense ha condenado a José P. F., de 77 años, por un grave delito de maltrato animal cometido en su domicilio de Castrelo de Abaixo, en el municipio ourensano de Riós. El acusado reconoció los hechos y aceptó una pena de ocho meses de prisión, además de dos años de inhabilitación para la tenencia de animales, evitando así la celebración del juicio oral. La pena de cárcel queda suspendida durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir.

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, describió una conducta reiterada y extremadamente cruel hacia los animales con los que convivía. Según los informes policiales y la acusación, el hombre golpeaba, pateaba y agredía de forma habitual e injustificada a gatos, un perro y gallinas. Entre los hechos probados figura que llegó a sacar un ojo a un gato tras golpearlo violentamente, que rociaba al perro con insecticida directamente en los ojos y que utilizaba un palo con una punta para pincharle el hocico hasta hacerlo sangrar. En el caso de las gallinas, se acreditó que les arrancaba las plumas y les retorcía el cuello con el objetivo de provocarles sufrimiento.

El caso salió a la luz en julio de 2022 gracias a la denuncia de la hermana del acusado, con quien convivía y que alertó a la protectora Pro Animales de Verín ante la imposibilidad de frenar la situación. La investigación se apoyó en nueve vídeos grabados en el entorno doméstico que mostraban de forma inequívoca el maltrato, pruebas que resultaron determinantes.

La sentencia obliga además al condenado a pagar 409,17 euros en concepto de responsabilidad civil a la protectora por los gastos veterinarios generados, cantidad que podrá abonar de forma fraccionada. Los animales supervivientes fueron retirados del domicilio y puestos a cargo de la Diputación de Ourense y de la protectora para su recuperación.

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